SANTIAGO – El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) ha ratificado que el fortalecimiento del sistema ferroviario nacional es una prioridad de Estado para elevar la competitividad del comercio exterior. A través de un modelo que combina la inversión privada con la infraestructura pública, el gobierno busca transformar la red de 5.400 kilómetros —que une Iquique con Puerto Montt— en una plataforma logística de clase mundial.
Interoperatividad: La clave del sistema
El funcionamiento del sistema se sustenta en el principio de interoperatividad, un concepto que busca conformar un mercado común donde operadores públicos y privados compitan en igualdad de condiciones. Este marco legal permite que la infraestructura no sea un recurso estático, sino una red dinámica capaz de mover grandes volúmenes de carga.
Al respecto, Hans Voigt, jefe del Departamento de Transporte Terrestre del MTT, destacó la importancia de la normativa vigente:
“Las empresas ferroviarias deben interconectar sus líneas cuando esto sea requerido, habilitando un uso común de esa infraestructura… incluyendo la definición de un precio o peaje”, señaló Voigt, haciendo referencia al artículo 51 de la Ley General de Ferrocarriles.
Dos redes, un solo objetivo logístico
La estructura ferroviaria del país se divide en dos grandes subsistemas que convergen en el eje La Calera–Santiago. Mientras que la Red Norte posee trocha métrica y es mayoritariamente privada, orientada casi exclusivamente a la minería, la Red Sur es operada por el Estado a través de EFE bajo un esquema de transporte mixto.
Voigt explicó que esta diferenciación es clave para entender la sostenibilidad del modelo: “La Red Norte se orienta exclusivamente al transporte de carga, donde cada empresa mantiene su infraestructura según la demanda. La Red Sur opera bajo un esquema mixto, siendo EFE responsable del mantenimiento, mientras los privados pagan tarifas por el uso de la red estatal mediante contratos de acceso”.
Un motor para la inversión privada
El régimen de concesiones ferroviarias actúa como el mecanismo jurídico que permite al Presidente de la República delegar funciones estatales a privados mediante licitaciones públicas. Un ejemplo exitoso de esta articulación es el taller de mantenimiento en la Bahía de Mejillones, que conecta directamente con las redes del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.
Este diseño regulatorio no solo busca atraer capital, sino asegurar la estabilidad a largo plazo. Al establecer reglas claras sobre tarifas y acceso, el sistema garantiza que el ferrocarril cumpla su rol estratégico: conectar los nodos de producción con los puertos, reducir los costos de transporte y mejorar la sostenibilidad ambiental al descongestionar las rutas terrestres del país.
